Chaco busca ordenar su salud mental pública con una red que atienda crisis todos los días del año

Llegué a la Legislatura del Chaco con la idea de que iba a encontrarme con un anuncio más, de esos que suelen quedar en el aire después de una conferencia de prensa. Pero lo que se está discutiendo en el recinto chaqueño va un paso más allá del anuncio: se trata de un proyecto de ley que pretende darle, por primera vez, un esqueleto ordenado a la salud mental pública de toda la provincia, con equipos caminando los barrios y un teléfono que atienda las veinticuatro horas, los trescientos sesenta y cinco días del año.

Una red pensada en nodos y no en edificios aislados

La iniciativa, que ya empezó a recorrer el camino legislativo, propone crear lo que llaman la Red Provincial de Salud Mental Comunitaria. La idea central no es construir desde cero, sino articular lo que ya funciona: los dispositivos, los programas y los profesionales que trabajan dispersos en distintos puntos del Chaco. Para eso, la ley plantea dividir el territorio en nodos regionales que se correspondan con las regiones sanitarias que hoy existen, y en cada uno de esos nodos montar equipos donde se junten psicólogos, psiquiatras, enfermeros, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales y acompañantes terapéuticos.

Esa misma estructura territorial será la encargada de hacer lo que hasta ahora suele quedar en los papeles: un relevamiento serio de la población que vive en la zona, de los servicios que están a mano y de las barreras que impiden que la gente llegue a tiempo a una consulta. La ley les pone nombre y apellido a las tareas: consultas ambulatorias, visitas a domicilio, intervenciones en momentos de crisis y, sobre todo, un seguimiento que no se corte cuando el paciente vuelve a su casa después de una internación.

Nada de internar y dejar a la persona librada a su suerte

El punto que más me llamó la atención, y que los propios impulsores del proyecto suelen remarcar cuando lo cuentan, es el que apunta a evitar uno de los agujeros más conocidos del sistema: que una persona salga de una internación psiquiátrica y quede sin nadie del otro lado de la puerta. Para tapar ese bache, el proyecto obliga a los equipos a armar, en los casos que haga falta, un Plan Individual de Cuidados, con profesionales responsables designados y un abordaje que incluya a la familia y al barrio del paciente, no solo la historia clínica.

En paralelo, la iniciativa prevé la creación de centros comunitarios, hospitales de día, espacios de rehabilitación psicosocial y dispositivos pensados para acompañar a los grupos familiares, con el objetivo declarado de empujar la integración educativa, laboral y social de las personas que atraviesan padecimientos mentales.

Crisis atendida y prevención del suicidio como política de Estado

El otro gran eje del proyecto es la atención de las urgencias. La letra del texto propone una estrategia provincial para responder a las crisis las veinticuatro horas, todos los días del año, y le pide a cada región sanitaria que arme sus propios protocolos para recibir la consulta, evaluar al paciente, intervenir cuando hay riesgo cierto y, otra vez, garantizar que el seguimiento no se corte al pasar la emergencia.

• Recepción y evaluación inmediata de la consulta en el momento de la crisis.
• Activación de un protocolo de actuación ante situaciones de riesgo cierto.
• Continuidad del acompañamiento una vez superada la emergencia.
• Integración con los programas vigentes de prevención del suicidio.
• Prioridad en el seguimiento de las personas consideradas en riesgo.
• Acciones de posvención para los familiares y allegados que quedan transitando el duelo.

La prevención del suicidio, justamente, tiene un capítulo propio dentro del proyecto. La propuesta es tomar los programas provinciales que ya están en marcha y darles una vuelta de tuerca para que el seguimiento de las personas en riesgo sea una obligación del sistema y no una decisión del profesional que toque en suerte. A eso se suman acciones específicas de posvención, es decir, de acompañamiento a quienes perdieron a alguien por suicidio y necesitan reconstruir su vida cotidiana después de esa pérdida.

En el texto queda claro, además, que los trabajadores de los servicios involucrados van a recibir capacitación, lo que abre una pregunta que me hago caminando de vuelta desde la Legislatura: cuántas veces una provincia como el Chaco tuvo las herramientas y los profesionales, pero no el marco legal que los obligara a trabajar juntos. Si el proyecto avanza y, tal como prevé, el Ministerio de Salud tiene 180 días para presentar un plan de implementación con metas a cinco años, quizás la próxima vez que cuente esta historia el punto de partida sea otro: el de una red que ya está caminando los barrios y no el de un papel esperando ser debatido.