Una espera que se mide en meses: el mapa de la discapacidad en Córdoba según la Defensoría

A la mañana siguiente de la presentación del informe, me acerqué hasta la sede de la Defensoría del Pueblo de Córdoba con la intención de entender, de primera mano, qué están viviendo las familias que necesitan acceder a algún tipo de prestación por discapacidad. En el edificio, el defensor adjunto Carlos Galoppo recibió la consulta con un tono calmo y contundente a la vez. Lo que me entregó sobre la mesa no fue un dato suelto sino un documento que, elaborado a partir de entrevistas y grupos focales, describe un recorrido que para muchos cordobeses se transforma en una verdadera carrera de obstáculos: conseguir un turno, esperar meses, pagar de bolsillo y, en el mientras tanto, sostener tratamientos a fuerza de bolsillo y de aguante.

El relevamiento fue presentado el 5 de octubre de 2026 y vuelve a poner el foco sobre un problema que, según describen los testimonios, se repite en distintos puntos de la provincia. La primera gran barrera aparece ni bien se inicia el trámite: el Certificado Único de Discapacidad (CUD). En la Ciudad de Córdoba funcionan juntas evaluadoras en siete hospitales, dos de los cuales son pediátricos, y en esos casos las citas se otorgan con demoras de entre dos y tres meses. A esa espera se suman las dificultades para conseguir consultas con los especialistas que deben intervenir en el proceso.

Terapias, prótesis y medicamentos: las esperas que se miden en meses

Galoppo, en diálogo con este medio, resumió el cuadro: las demoras para acceder a prótesis y medicamentos van de los cuatro a los nueve meses, mientras que el ingreso a centros de rehabilitación puede insumir entre nueve y catorce meses. Son plazos que surgen de lo expuesto en el informe y que, por la metodología utilizada —basada en testimonios y no en un muestreo estadístico—, no permiten anticipar cuánto demorará cada trámite particular.

Mientras llega esa respuesta, la mayor parte del peso recae sobre las familias. Una madre, que tiene 42 años y a la que llamaremos para preservar su identidad, contó que después de sostener la atención de su hijo por alrededor de dos años con profesionales particulares debió empezar a pagar sesiones que le cuestan entre 150.000 y 180.000 pesos por mes. "Cuando te dicen que la espera es de casi un año, no te queda otra que elegir entre dejar al chico sin terapia o buscar la plata como sea", resumió.

• Certificado Único de Discapacidad: turnos con esperas de dos a tres meses en hospitales pediátricos de la Ciudad de Córdoba.
• Prótesis y medicamentos: demoras de entre cuatro y nueve meses, según los casos relevados.
• Ingreso a centros de rehabilitación: esperas de entre nueve y catorce meses.
• Gastos de bolsillo: una madre entrevistada reportó entre 150.000 y 180.000 pesos mensuales solo en sesiones.

Quién cuida a quienes cuidan y cómo se sostiene el sistema

El documento también pone nombre a un fenómeno que los propios testimonios describen con crudeza: la sobrecarga de los cuidados recae principalmente sobre las mujeres. Madres que redujeron su jornada laboral, que resignaron ingresos e, incluso, que dejaron de trabajar para acompañar a sus hijos en terapias y trámites. "En las entrevistas aparece una y otra vez la misma historia: la que deja de trabajar es la mamá", me dijo Galoppo mientras hojeaba el informe.

La situación también golpea a quienes prestan los servicios. El estudio releva atrasos de varios meses y hasta de un año en los pagos de obras sociales y de programas estatales. Entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, los aranceles del nomenclador nacional subieron un 225% promedio, frente a una inflación acumulada del 336% en el mismo período. Y en el transporte, la diferencia se hace aún más notoria: la nafta súper aumentó 559%, mientras que el valor reconocido por kilómetro se incrementó apenas 231%. Para el defensor adjunto, esa combinación "pone en jaque a los centros de día, a los transportistas y a los profesionales, que terminan absorbiendo la diferencia". El informe vincula directamente estas condiciones con la reducción de servicios y de gastos de funcionamiento en distintas instituciones.

“El informe describe lo que pasa, no mide lo que pasa en toda la provincia. Son experiencias recogidas en entrevistas y grupos focales que nos sirven para entender la dirección del problema, no para extrapolarlo a cada caso particular.”Carlos Galoppo, defensor del Pueblo adjunto de Córdoba

Volví a recorrer las calles que me habían llevado hasta la Defensoría con la sensación de que la nota no terminaba en los números, sino en las personas que están detrás de cada uno de esos meses de espera. No se trata solo de turnos que se atrasan o de aranceles que no alcanzan: se trata de familias que reorganizan su vida, de madres que resignan ingresos, de prestadores que deciden hasta dónde pueden seguir sosteniendo un servicio. La próxima vez que alguien me pregunte cómo se vive la discapacidad en Córdoba, voy a tener que empezar por lo más básico: por explicar lo que significa, en la práctica, esperar más de un año por una rehabilitación.