Salud mental en alerta: las internaciones se disparan y el sistema público no da abasto

Llegué al Senado de la Nación aquella mañana con la sensación de que iba a escuchar una cifra más, una más de las tantas que pasan por las comisiones y se diluyen en los pasillos. Pero cuando los responsables sanitarios de catorce provincias empezaron a desplegar los números en las pantallas, algo se me instaló en el estómago y no se fue: las internaciones por problemas de salud mental en Argentina aumentaron 42 por ciento entre 2023 y 2026, y solo en los últimos doce meses treparon otro 12 por ciento. No es un dato suelto: es la radiografía de un sistema que está pidiendo socorro a gritos.

El relevamiento fue coordinado por la Universidad Nacional de Lanús y reúne información aportada por las máximas autoridades sanitarias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. También participaron del encuentro Entre Ríos y Río Negro. En conjunto, esas jurisdicciones representan más del 70 por ciento de la población del país, lo que convierte al informe en la foto más completa que se tiene hasta ahora sobre cómo está funcionando —o, más bien, cómo está quedando chico— el sistema público de salud mental.

Una demanda que cambia de cara: más chicos y más personas sin cobertura

Cuando les pregunté a los funcionarios provinciales qué había detrás de ese 23 por ciento de crecimiento en las consultas ambulatorias del último año, la respuesta fue casi unánime y me la terminó de armar Marina, una epidemióloga de 47 años que trabaja en el equipo técnico del Ministerio de Salud bonaerense: 'Lo que vemos es que caen al sistema público personas que antes se atendían en una prepaga o en una obra social y hoy ya no pueden pagar la cuota, y al mismo tiempo nos golpea la puerta una cantidad enorme de chicas, chicos y adolescentes que antes no llegaban a la guardia'. En la provincia de Buenos Aires, el 30 por ciento de las consultas en guardias hospitalarias ya corresponde a problemas de salud mental. Treinta por ciento. Una de cada tres personas que se sientan a esperar en una guardia hoy lo hacen por un padecimiento psíquico.

• Consultas ambulatorias: crecieron 23% en el último año en las 14 provincias relevadas.
• Internaciones: subieron 42% entre 2023 y 2026, con un salto adicional de 12% en los últimos doce meses.
• En Buenos Aires, 30% de las consultas en guardias hospitalarias son por problemas de salud mental.
• Entre 2021 y 2026 se incorporaron al menos 388 nuevas camas de salud mental en hospitales generales.
• Trece de las 14 provincias ampliaron sus redes comunitarias con centros de día, equipos territoriales, viviendas asistidas y dispositivos para consumos problemáticos, aunque admiten que esas capacidades están sobreexigidas.

Esos 388 nuevos lugares de internación y la ampliación de los dispositivos comunitarios suenan, en los papeles, como una respuesta a la altura de las circunstancias. Trece de las catorce provincias ampliaron sus redes con centros de día, equipos territoriales, viviendas asistidas y dispositivos específicos para el abordaje de consumos problemáticos. Sin embargo, las propias autoridades provinciales reconocieron ante el Senado que esas capacidades están 'sobreexigidas' frente a una demanda que no cesa, y que hay serias dificultades para completar los equipos con disciplinas críticas. La foto que me queda, después de varias horas escuchando exposiciones y mirando caras largas, es la de un Estado que corrió, corrió y corrió para construir dispositivos, y aun así la demanda le pasó por encima.

El reclamo de las provincias y el debate por la Ley

Las provincias identificaron como prioridades urgentes aumentar la inversión, ampliar la infraestructura y los recursos humanos, garantizar el acceso a medicamentos y producir información epidemiológica nacional de calidad. También reclamaron recuperar una coordinación efectiva entre Nación, provincias y municipios, una queja que escuché repetir en voz baja a varios funcionarios una vez terminado el encuentro formal. El informe fue presentado mientras el Congreso debate una reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, vigente desde 2010, y las autoridades provinciales plantearon que la propuesta 'elimina marcos y garantías sobre los que se sustenta la política de salud mental, sin incorporar el financiamiento necesario para ampliar la capacidad de respuesta de los sistemas públicos'.

Salí del Palacio Legislativo con el mismo sol con el que había entrado, pero con la cabeza llena de números y de nombres propios. Volví a pasar por la puerta principal y miré la fachada como si la viera por primera vez: ahí adentro, mientras el país debate cómo modificar una ley de hace quince años, las guardias se llenan, las internaciones se duplican y los equipos profesionales no alcanzan. La escena del principio —una cifra proyectada en una pantalla— ya no me parece una cifra más. Me parece la confirmación de que la salud mental dejó de ser un tema de especialistas para convertirse en una emergencia de todos, y de que el reloj, para los que menos tienen, hace rato que está corriendo.