Procesan con prisión preventiva al exagente Raúl Martins por lavado de activos y le traban un embargo de 300 millones de pesos

La jueza federal María Servini dictó el procesamiento con prisión preventiva del exagente de la SIDE Raúl Martins, de 77 años, en una causa en la que se lo investiga como presunto autor del delito de lavado de activos. La resolución incluye un embargo sobre sus bienes por 300 millones de pesos y fue adoptada luego de su extradición desde México, donde permaneció detenido desde 2019 hasta su traslado a la Argentina desde la ciudad de Cancún.

La imputación y la discusión por las fechas de las operaciones

El expediente, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1 y de la Fiscalía Federal N°2, analiza la presunta intervención de Martins en operaciones destinadas a incorporar al circuito económico legal fondos que, según la pesquisa, tendrían como origen la explotación sexual de mujeres. De acuerdo con la imputación, esas maniobras habrían involucrado adquisiciones de inmuebles, la administración de sociedades y la utilización de familiares con poderes sobre esas firmas.

Durante la etapa de indagatoria, Martins optó por no responder preguntas y presentó un escrito en el que solicitó el sobreseimiento y, en forma subsidiaria, la falta de mérito. En ese descargo planteó que las 26 operaciones que se le atribuyen correspondían a los años 2009, 2010, 2011 y 2012, por lo que serían anteriores al período en el que la Justicia consideró acreditada la explotación sexual, fijado entre enero de 2013 y octubre de 2014. La defensa sostuvo además que ese delito se circunscribía al local de avenida Juan B. Justo 5302, en el barrio porteño de Villa General Mitre, y que las denuncias sobre otros nueve establecimientos habían sido archivadas por inexistencia del delito de trata de personas.

Los argumentos de la jueza para avanzar con el procesamiento

Servini concluyó que los elementos reunidos eran suficientes para dictar el procesamiento. En su resolución explicó que la fecha de constitución de las sociedades no resulta determinante, dado que una firma creada con anterioridad puede ser utilizada con posterioridad para administrar u ocultar bienes de origen ilícito. En ese sentido, evaluó en conjunto la actuación de sociedades argentinas y extranjeras, los poderes de administración otorgados a familiares y el mantenimiento, según su criterio, del control efectivo de la estructura por parte de Martins, aun cuando no figurara como beneficiario final en los registros.

• La investigación se inició el 6 de marzo de 2013, tras una denuncia anónima al Ministerio de Seguridad que alertaba sobre una posible explotación sexual de menores en el local de Villa General Mitre.
• La imputación incluye 26 operaciones vinculadas con la compra de propiedades y la administración de sociedades.
• La defensa de Martins solicitó el sobreseimiento o, en forma subsidiaria, la falta de mérito y cuestionó las fechas de las maniobras atribuidas.
• La jueza Servini rechazó esos planteos y sostuvo que la antigüedad de las firmas no descarta su uso posterior para canalizar fondos de origen ilícito.
• El ex agente de la SIDE había sido detenido en México en 2019 y trasladado a la Argentina desde Cancún bajo custodia de Interpol.

De acuerdo con lo dispuesto por la magistrada, Martins permanecerá detenido con prisión preventiva mientras avanza la instrucción. Como próximo paso procesal, la causa deberá continuar su trámite en el juzgado federal, con la producción de las medidas de prueba pendientes y, en su caso, la formulación de la requisitoria de elevación a juicio por parte de la fiscalía interviniente.