Pandanés cerró sus 25 locales y la Justicia abrió un procedimiento de salvataje para evitar la quiebra

La cadena de panaderías Pandanés, que llegó a operar 25 sucursales en el área metropolitana de Buenos Aires, cerró la totalidad de sus locales y desvinculó a 150 trabajadores en el marco de una crisis que la propia empresa atribuye a una caída del consumo superior al 50% de su volumen histórico y a un alza sostenida de sus costos de operación.

Según consta en el expediente judicial, la firma arrastra una cesación de pagos desde octubre de 2025 y, al presentar el pedido de quiebra ante el Juzgado Comercial N.º 15, alegó además el sobredimensionamiento de su planta industrial, inaugurada en noviembre de 2022 con una superficie de 1.778 metros cuadrados y pensada para abastecer hasta 50 locales propios.

La capacidad instalada y el peso de los costos fijos

Con el cierre de las sucursales, la capacidad de producción quedó muy por encima de las necesidades actuales del negocio, mientras los costos fijos —alquileres, energía y personal— se mantuvieron sin variaciones significativas, lo que profundizó el desequilibrio entre ingresos y erogaciones.

La empresa también señaló el encarecimiento de insumos clave, en particular la harina, afectada por la suba internacional del precio de los granos, así como el incremento de servicios y salarios actualizados por paritarias. De acuerdo con Lise Lundme Funch, gerente de Pandanés, esos factores provocaron un progresivo e irreversible deterioro de los márgenes y del flujo de fondos.

• 25 locales cerrados en el área metropolitana de Buenos Aires.
• 150 empleados desvinculados, en muchos casos mediante mensajes de WhatsApp.
• Cesación de pagos declarada desde octubre de 2025.
• Planta industrial de 1.778 m² inaugurada en noviembre de 2022.
• Pasivo cercano a los 1.200 millones de pesos al momento del concurso preventivo.

La decisión judicial y el procedimiento de salvataje

El juez Pablo Frick rechazó el pedido de quiebra y ordenó la apertura de un registro para que, en un plazo de cinco días, acreedores, cooperativas u otros interesados puedan inscribirse y presentar propuestas de acuerdo preventivo o de adquisición de las cuotas sociales. La resolución se fundamentó en el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras, que prevé agotar el procedimiento de salvataje antes de declarar la quiebra cuando se cumplen los requisitos legales.

La compañía, por su parte, reconoció haber intentado renegociar alquileres, cambiar proveedores y alcanzar acuerdos con el fisco, aunque afirmó que esas medidas no resultaron suficientes para revertir el cuadro financiero. En paralelo, la sindicatura detectó que la empresa no habría acreditado el pago de aportes a la obra social y a la ART, un punto que se incorporó a la investigación judicial y que podría agravar el pasivo laboral.

Los trabajadores despedidos, en tanto, aún no recibieron sus telegramas de despido formales y no pueden retirar sus pertenencias de los locales clausurados, lo que mantiene abierta una pulseada entre el personal, la empresa y la intervención judicial mientras se define el futuro de la cadena.