Mendoza abre una mesa de negociación gratuita para aliviar deudas de consumo: cómo funciona y a quién alcanza

Un nuevo procedimiento de conciliación, gratuito y de carácter administrativo, quedó habilitado en la provincia de Mendoza para que los consumidores finales puedan renegociar deudas contraídas con tarjetas de crédito, préstamos personales y otras líneas de financiamiento al consumo. La iniciativa fue instrumentada por la Dirección de Defensa del Consumidor, en un contexto en el que la carga financiera sobre los hogares volvió a ganar peso en la estructura de gastos de las familias, según describieron fuentes oficiales al anunciar la herramienta.

Vamos a los números. El mecanismo se activa cuando los compromisos financieros por deudas de consumo exceden el 30% de los ingresos mensuales netos de los convivientes en el hogar. En situaciones de especial vulnerabilidad, ese umbral desciende al 25%. Además, el capital total adeudado no puede superar el equivalente a 100 salarios mínimos, vitales y móviles vigentes al momento de solicitar la intervención, lo que fija un techo cuantitativo para acceder al sistema. Se trata de la primera referencia cuantitativa explícita que la Provincia pone por escrito para delimitar el universo de posibles beneficiarios.

La instancia depende, en todos los casos, de un acuerdo entre el deudor y sus acreedores. Defensa del Consumidor no tiene facultades para imponer quitas, ni rebajas unilaterales. Lo que sí puede hacer, según la letra del procedimiento, es facilitar la discusión de esquemas de pago alternativos: extensión de plazos, períodos de gracia, refinanciaciones en cuotas, eliminación de intereses punitorios y gastos por mora. Cualquier modificación concreta sobre los montos, los intereses o los calendarios de cancelación queda atada a lo que las partes decidan en la mesa de conciliación.

Quiénes pueden pedir la conciliación y qué deudas entran

• Personas humanas con domicilio real acreditado en la provincia de Mendoza.
• Consumidores finales, es decir, quienes contrataron las deudas para uso personal y familiar, no profesional ni comercial.
• Hogares donde los compromisos financieros por deudas de consumo superen el 30% de los ingresos netos, o el 25% en casos de vulnerabilidad social, y con un capital adeudado de hasta 100 salarios mínimos, vitales y móviles.
• Préstamos personales, financiaciones de compras, tarjetas de crédito, créditos otorgados por plataformas financieras autorizadas, mutuales y cooperativas.
• Quedan fuera del alcance las obligaciones con garantía hipotecaria, las deudas alimentarias, las multas y sanciones penales, y los pasivos empresariales o comerciales ajenos al consumo familiar.

Casos de especial vulnerabilidad contemplados

La normativa describe un listado no taxativo de situaciones que habilitan la aplicación del umbral del 25%: hogares con menores a cargo, personas con discapacidad, jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, personas desocupadas, beneficiarios de programas sociales y trabajadores informales. En todos los casos, la condición se complementa con la verificación de que las deudas comprometan seriamente la capacidad de pago del grupo familiar y que se configure un cuadro de insolvencia personal o familiar, ya sea actual o inminente.

El procedimiento se canaliza a través de la Oficina de Conciliación de Reestructuración de Deudas de Consumo (OCDC), dependiente de Defensa del Consumidor. Quien inicia el trámite debe presentar un detalle de los acreedores, los importes adeudados y un inventario actualizado de activos y pasivos. A partir de allí, el organismo cita a las empresas acreedoras, que cuentan con hasta diez días hábiles para informar su posición y, eventualmente, acercar una propuesta de reestructuración. La herramienta, en definitiva, no promete salvatajes: abre una instancia formal de diálogo para que las partes acuerden, o no, un esquema de pagos más sostenible para el bolsillo del deudor.

Qué mirar en el próximo dato. Habrá que seguir de cerca tres indicadores: la cantidad de presentaciones efectivamente realizadas ante la OCDC desde su puesta en marcha, el porcentaje de casos que terminan con un acuerdo homologado y, sobre todo, el comportamiento de los principales bancos y emisores de tarjetas, cuya predisposición a aceptar quitas o refinanciaciones marcará el alcance real del mecanismo. La experiencia en otras provincias, con instancias similares, muestra que el volumen de acuerdos tiende a ser bajo durante los primeros meses, hasta que se asienta la práctica administrativa. La firma Laura Castagnino, Economía, seguirá de cerca la evolución de esta herramienta y su impacto sobre los niveles de morosidad familiar en la región.