Elevan a juicio oral a un efectivo de la UTOI por el crimen de un conductor de aplicación en La Matanza
La Justicia de Garantías envió a Matías Vizgarra Riveros a juicio por el asesinato de Cristian Pereyra, un docente de 39 años que manejaba de noche para la plataforma Didi. La familia de la víctima reclama una instrucción suplementaria para identificar llamados y recuperar mensajes borrados del celular del policía.
La Justicia de Garantías de La Matanza elevó a juicio oral a Matías Alejandro Vizgarra Riveros, efectivo de 23 años de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de Puente 12, acusado de haber asesinado la madrugada del 15 de marzo al docente Cristian Eduardo Pereyra mientras este lo trasladaba como pasajero en un viaje solicitado por la plataforma Didi. El episodio ocurrió en la autopista Presidente Perón, mano a Ezeiza, a la altura de Virrey del Pino.
Cómo ocurrió el hecho
Según la requisitoria de elevación a juicio formulada por la fiscalía de Adrián Arribas, Vizgarra Riveros, que se encontraba fuera de servicio y vestido de civil, le disparó cinco veces con su pistola reglamentaria Bersa TPR9 al conductor. La autopsia determinó que el cuerpo de Pereyra presentó diez orificios de bala. La víctima alcanzó a relatarle al personal policial que llegó al lugar que le habían robado el vehículo, un Chevrolet Corsa II, antes de morir en el lugar.
El imputado se dio a la fuga con el auto de la víctima y continuó su trayecto hasta que fue detenido horas más tarde. El arma reglamentaria fue secuestrada en el procedimiento. El juez de Garantías N.º 5 de La Matanza, Gustavo Banco, dictó la prisión preventiva del acusado. La causa fue caratulada como crimen de robos y tentativa de robo, y la instrucción llevada adelante por Arribas acumuló pruebas que derivaron en la decisión de enviar al policía a juicio oral.
Las imputaciones y la pena esperada
La fiscalía le imputó a Vizgarra Riveros el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por ser criminis causae —es decir, cometido para asegurar la consumación de otro delito o la impunidad del autor— y un robo agravado por el uso de arma de fuego. La expectativa de pena para el encuadre seleccionado es la prisión perpetua, según se desprende del requerimiento de elevación.
El pedido de la familia para profundizar la investigación
A través de su abogado Roberto Torres, la familia de Cristian Pereyra solicitó al tribunal que, antes del debate oral, se disponga una instrucción suplementaria con dos objetivos concretos. En primer lugar, que la empresa de telefonía celular identifique a los titulares de los números a los que Vizgarra Riveros llamó de manera reiterada en las horas posteriores al crimen, para citarlos a prestar declaración testimonial en el expediente. En segundo término, pidieron una ampliación del peritaje sobre el teléfono del imputado con el fin de recuperar los mensajes eliminados de WhatsApp e Instagram que pudieran haber sido borrados.
Torres explicó que un efectivo policial que cumplía tareas adicionales en el Hospital Simplemente Evita de González Catán declaró en la causa que, tras el asesinato, Vizgarra Riveros le envió un mensaje preguntando si había ingresado un herido de bala a la guardia. Ese intercambio, según el letrado, no figura en el peritaje realizado sobre el aparato, en el que solo consta el análisis de una página de la información almacenada en el dispositivo.
Quién era la víctima
Cristian Eduardo Pereyra tenía 39 años, se desempeñaba como docente en una escuela técnica y manejaba de noche para una aplicación de transporte porque, según relataron sus allegados, el salario docente no le alcanzaba para pagar el alquiler y sostener a su hija de tres años. La madrugada del 15 de marzo recibió un pedido de viaje en la localidad de Virrey del Pino que no llegó a completar.
Próximo paso judicial
Con la elevación a juicio ya dispuesta, el expediente quedó a disposición del Tribunal Oral Criminal que por turno deba intervenir para fijar fecha de audiencia de debate. Mientras tanto, la defensa y la querella aguardan la resolución del pedido de instrucción suplementaria y la eventual recuperación de los registros telefónicos y de las conversaciones borradas del celular del acusado.
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