AySA eleva una propuesta de readecuación tarifaria con foco en coeficientes zonales y audiencia pública en puerta

La propuesta de readecuación tarifaria que Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) sometió a evaluación contempla un cuadro heterogéneo de efectos sobre los usuarios residenciales del Área Metropolitana de Buenos Aires, según se desprende de la documentación elevada al Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS). De acuerdo con las proyecciones de la propia empresa, elaboradas con valores de septiembre y sin considerar impuestos, alrededor del 60% de los hogares afrontaría subas promedio del 22,6%, en tanto un 20% percibiría reducciones promedio del 14,7% y el tramo restante conservaría el importe actual de su factura.

Una factura promedio que pasa de 27.156 a 30.250 pesos

Para el conjunto de los usuarios residenciales de la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del conurbano bonaerense, la factura mensual promedio ponderada se ubicaría en 30.250 pesos sin impuestos, frente a los 27.156 pesos vigentes. Esa diferencia equivale a una variación del 11,4%, aunque se trata de un valor agregado que no refleja el movimiento que recibiría cada hogar en particular, dado que la modificación responde a la aplicación de nuevos coeficientes zonales y a una readecuación de los cargos variables y fijos que componen la boleta.

Con el objetivo de atenuar el impacto sobre los sectores que resultarían alcanzados por subas, la empresa planteó que los cargos modificados por los coeficientes zonales se actualicen de manera progresiva, con un tope del 5% mensual acumulativo hasta converger en el importe previsto en el nuevo cuadro tarifario. En forma paralela, los usuarios que dejen de pertenecer a los segmentos de menor capacidad económica perderán en tres etapas mensuales el descuento adicional del 15% que perciben en la actualidad, lo que constituye otro componente del rediseño.

• Un 60% de los usuarios residenciales recibiría aumentos promedio del 22,6% en su factura.
• Un 20% de los hogares obtendría bajas promedio del 14,7%.
• El 20% restante conservaría sin cambios el importe actual de su boleta.
• La factura residencial promedio ponderada subiría de $27.156 a $30.250 mensuales sin impuestos.
• Los cargos zonales se aplicarían con un tope del 5% mensual acumulativo.
• Los usuarios que salgan de los segmentos más económicos perderían en tres cuotas el descuento adicional del 15%.

El rediseño introduce, además, cambios en la estructura de cálculo para los usuarios sin medidor. Los coeficientes zonales, que contemplan la ubicación y las características del inmueble, pasarían de once niveles a cinco, con lo que se simplificaría la grilla actualmente vigente. En forma complementaria, la empresa propuso ajustar el valor del metro cúbico de cloacas en el Radio Antiguo de la Ciudad de Buenos Aires para internalizar dentro de la tarifa el cobro asociado a los desagües pluviales, un componente que hasta el momento se canalizaba por otra vía.

Comercios, industrias y baldíos: efectos dispares fuera del segmento residencial

Fuera del ámbito de los hogares, la propuesta contempla una reducción media del 2,2% para los usuarios no residenciales. Según los cálculos de AySA, el 63% de los comercios, industrias e instituciones permanecería sin cambios en su factura, un 22% obtendría bajas y el 15% restante enfrentaría incrementos. En tanto, los terrenos baldíos registrados como usuarios del servicio pasarían de una factura promedio de 17.822 a 19.172 pesos mensuales sin impuestos, lo que implica una suba del 7,6%, atribuible a la reasignación de coeficientes zonales en este segmento.

En el plano fiscal, la empresa propuso destinar el incremento de recaudación previsto al Programa de Tarifa Social, con el propósito de ampliar la cobertura de bonificaciones sobre los sectores de menores ingresos. La definición final del cuadro tarifario quedará en manos del ERAS, que convocó a una audiencia pública virtual para que los interesados puedan presentar observaciones sobre la propuesta. La inscripción para participar estará habilitada entre las 10 del 8 de octubre y las 10 del 24 de octubre, y si bien las opiniones que se viertan no tendrán carácter vinculante, el organismo deberá fundamentar de manera explícita cómo las incorporó o por qué las descartó al momento de dictar su resolución.