A un año del triple femicidio de Florencio Varela, la Justicia federal mantiene 16 detenidos y busca a seis prófugos

A un año del triple femicidio de Florencio Varela, la Justicia federal acumula 16 personas detenidas y otras seis prófugas, sin que la investigación haya logrado determinar con certeza qué motivó el ataque en el que fueron asesinadas Brenda del Castillo y Morena Verdi, ambas de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15. Los crímenes, que la fiscal califica como femicidios, ocurrieron el 19 de septiembre de 2025 en esa localidad del sur del conurbano bonaerense.

El expediente ya tramita en el fuero federal

Desde noviembre de 2025, la causa se encuentra bajo la órbita del Juzgado Federal N°2 de Morón, a cargo del juez Jorge Ernesto Rodríguez. La pesquisa se concentra en los posibles vínculos del hecho con una organización dedicada al narcotráfico que operaba en el barrio porteño de Bajo Flores y que mantenía conexiones en Perú y Bolivia. El cambio de fuero se produjo al advertirse la posible conexión con actividades de tráfico de estupefacientes de alcance trasnacional.

Los arrestos dentro y fuera del país

Entre los principales imputados se encuentra Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como Pequeño J, capturado en Perú el 30 de septiembre de 2025 y extraditado a la Argentina el 4 de mayo de 2026. Cumple prisión preventiva en el penal de Marcos Paz. También fueron detenidos en Perú Matías Agustín Ozorio y, en Bolivia, Víctor Sotacuro Lázaro, todos a disposición del mismo juzgado.

• 16 personas detenidas, con alojamientos distribuidos entre el penal de Marcos Paz y distintas dependencias policiales de la provincia de Buenos Aires.
• 6 prófugos, cuya captura es reclamada por el juzgado federal mediante exhortos internacionales.
• 3 capturas concretadas en el exterior, dos en Perú y una en Bolivia.
• 1 falta de mérito dictada por la Cámara Federal de San Martín en abril de 2026 respecto de Joseph Freyser Cubas Zavaleta, quien permanecía detenido por otra causa de narcotráfico.

Sobre Cubas Zavaleta, el tribunal de alzada resolvió en abril de 2026 dictarle la falta de mérito por el triple crimen, al considerar insuficientes las pruebas reunidas hasta ese momento sobre su participación en los hechos. El joven, no obstante, continúa detenido por la causa de narcotráfico previa, en una situación procesal ajena a esta pesquisa.

Un móvil todavía sin confirmación judicial

Una de las hipótesis trabajadas por los fiscales de La Matanza en la etapa inicial de la investigación relacionó el ataque con un supuesto robo de cocaína. Dos imputadas mencionaron esa posibilidad ante los investigadores, aunque aportaron versiones con cantidades diferentes. Esas declaraciones forman parte del expediente, pero no permiten, por el momento, presentar la explicación como un móvil probado del hecho.

La reconstrucción del traslado y el hallazgo de los cuerpos

La reconstrucción del itinerario de las víctimas fue determinante para llegar al lugar donde se encontraron los cuerpos. De acuerdo con la investigación, Brenda, Morena y Lara subieron a una camioneta en la localidad de Ciudad Evita, partido de La Matanza. Tras la denuncia realizada por sus familiares, las cámaras de seguridad municipales y el registro del teléfono celular de Lara Gutiérrez permitieron orientar la búsqueda hacia Florencio Varela.

El 24 de septiembre de 2025, cinco días después del ataque, agentes de la DDI de La Matanza hallaron los cuerpos en el patio de una vivienda de la calle Tuyutí, en el barrio Villa Vatteone de Florencio Varela. En ese procedimiento se concretaron las primeras detenciones, que luego se ampliarían con los arrestos en Perú y Bolivia y con las restantes capturas en territorio argentino.

Próximo paso judicial

El expediente se encuentra en etapa de instrucción, con declaraciones indagatorias pendientes y medidas de prueba en curso. La fiscalía federal continúa con la recolección de evidencia, mientras el Juzgado Federal N°2 de Morón tramita los pedidos de captura internacional para los seis prófugos que aún no fueron localizados. La carátula vigente contempla los delitos de femicidio y la posible conexión con una organización dedicada al narcotráfico, aunque la calificación definitiva podría ajustarse cuando se avance en la determinación de responsabilidades y se establezca, con prueba concreta, el móvil del ataque.